Sename: rehabilitación o perfeccionamineto delictivo?
El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo gubernamental ayudante del sistema judicial, que depende del Ministerio de Justicia; creado por el Decreto Ley N 2.465 del 10 de enero de 1979; entrando así en funcionamiento el 1 de enero de 1980.
La Misión de Sename es liderar, promover y fortalecer un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y de responsabilización de los infractores de ley, a través de programas integrales de atención que permitan una oportuna restitución y reinserción social, con un enfoque intersectorial, y territorial.
Actualmente el Director Nacional del Sename es Eugenio San Martin Truffy.
Entre los departamentos del Sename encontramos como principales los concernientes a Dpto de Protección de Derechos, Dpto de Responsabilidad Juvenil, y el Dpto de Adopción.
El Sename cuenta con 15 Direcciones Regionales correspondientes a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Bio Bio, Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, de Aysén, Magallanes, y la región Metropolitana. Siendo directora de la region del Maule Paula Galdamez Zelada.
La Misión de Sename es liderar, promover y fortalecer un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y de responsabilización de los infractores de ley, a través de programas integrales de atención que permitan una oportuna restitución y reinserción social, con un enfoque intersectorial, y territorial.
Actualmente el Director Nacional del Sename es Eugenio San Martin Truffy.
Entre los departamentos del Sename encontramos como principales los concernientes a Dpto de Protección de Derechos, Dpto de Responsabilidad Juvenil, y el Dpto de Adopción.
El Sename cuenta con 15 Direcciones Regionales correspondientes a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Bio Bio, Araucanía, de los Ríos, de los Lagos, de Aysén, Magallanes, y la región Metropolitana. Siendo directora de la region del Maule Paula Galdamez Zelada.
*(niños sumidos en la pobreza)
El Sename y la ley 20.191
Desde sus inicios hubo voces de alerta frente a la preocupación de que el proyecto de ley conserniente a la Responsabilidad Penal Juvenil se enmarcara adecuadamente en las orientaciones propias de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, considerando especialmente el principio del interés superior del niño, uno de los tantos entramados constitutivos de la labor del Sename.
"El resultado para muchos ha sido una ley penal que se contrapone a la Convención, principalmente porque no asegura las condiciones para que los adolescentes acusados de cometer delitos sean juzgados mediante leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas; donde la finalidad del sistema sea promover la reintegración, considerando medidas adecuadas a las edades" (¡Alerta! Ley de responsabilidad Penal Juvenil (Por Sebastián Fernández F.))
La Ley establece como sanción para delitos graves la privación de libertad mediante la internación en centros cerrados y semicerrados, por máximos de hasta 5 años para los niños de 14 y 15, y de 10 años para los de 16 y 17. Las medidas alternativas solo se contemplan para delitos de menor gravedad. Esto es contrario a lo establecido por la Convención en cuanto a la necesidad de disponer de diversas medidas alternativas a la internación en instituciones, la cual solo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.
El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado de Chile modificar el proyecto de ley antes de que entrara en vigencia, manifestando su preocupación, entre otros asuntos, por la aplicación de las medidas de privación de libertad. Esto no sólo fue desoído por el Estado, sino que se realizaron modificaciones que endurecieron aún más la ley (aumenta a 24 horas el plazo para ser puesto a disposición del tribunal y la obligación de aplicar mínimo dos años de internación en centro cerrado para delitos de mayor gravedad).
En Mayo de 2007 los funcionarios del Sename mostraron su desacuerdo con la nueva ley tomando los centros en forma de protesta; Según lo expresado en ese entonces por el Presidente Provincial del Maipo, Víctor Martínez, a Cooperativa "vamos a trasgredir varios artículos" cuando comience a operar la reforma.
"Nos preocupan hartas cosas que a lo mejor la opinión pública no tiene claras, porque siempre la parte económica es lo primero que sale (a la luz). Si tuvieran acceso al centro, se darían cuenta que el Estado y nosotros vamos a empezar el 8 de junio a trasgredir la ley y los derechos de los jóvenes", explicó.
Entonces se considero que las protestas d elos funcionarios eran basadas meramente a una demanda de remuneraciones, hecho que la Diputada Laura Soto (PPD) descartó, señalando que "Aquí hay algo bastante mayor que nosotros los diputados ya lo hicimos presente al Gobierno, que la infraestructura no estaba lista, ellos insistieron en que esto era contrario a lo óptimo y que la Ley tenía que implementarse". (http://www.alminutodigital.cl/detail.php?id=1728&id_tipo_not=4)
"El resultado para muchos ha sido una ley penal que se contrapone a la Convención, principalmente porque no asegura las condiciones para que los adolescentes acusados de cometer delitos sean juzgados mediante leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas; donde la finalidad del sistema sea promover la reintegración, considerando medidas adecuadas a las edades" (¡Alerta! Ley de responsabilidad Penal Juvenil (Por Sebastián Fernández F.))
La Ley establece como sanción para delitos graves la privación de libertad mediante la internación en centros cerrados y semicerrados, por máximos de hasta 5 años para los niños de 14 y 15, y de 10 años para los de 16 y 17. Las medidas alternativas solo se contemplan para delitos de menor gravedad. Esto es contrario a lo establecido por la Convención en cuanto a la necesidad de disponer de diversas medidas alternativas a la internación en instituciones, la cual solo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.
El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó al Estado de Chile modificar el proyecto de ley antes de que entrara en vigencia, manifestando su preocupación, entre otros asuntos, por la aplicación de las medidas de privación de libertad. Esto no sólo fue desoído por el Estado, sino que se realizaron modificaciones que endurecieron aún más la ley (aumenta a 24 horas el plazo para ser puesto a disposición del tribunal y la obligación de aplicar mínimo dos años de internación en centro cerrado para delitos de mayor gravedad).
En Mayo de 2007 los funcionarios del Sename mostraron su desacuerdo con la nueva ley tomando los centros en forma de protesta; Según lo expresado en ese entonces por el Presidente Provincial del Maipo, Víctor Martínez, a Cooperativa "vamos a trasgredir varios artículos" cuando comience a operar la reforma.
"Nos preocupan hartas cosas que a lo mejor la opinión pública no tiene claras, porque siempre la parte económica es lo primero que sale (a la luz). Si tuvieran acceso al centro, se darían cuenta que el Estado y nosotros vamos a empezar el 8 de junio a trasgredir la ley y los derechos de los jóvenes", explicó.
Entonces se considero que las protestas d elos funcionarios eran basadas meramente a una demanda de remuneraciones, hecho que la Diputada Laura Soto (PPD) descartó, señalando que "Aquí hay algo bastante mayor que nosotros los diputados ya lo hicimos presente al Gobierno, que la infraestructura no estaba lista, ellos insistieron en que esto era contrario a lo óptimo y que la Ley tenía que implementarse". (http://www.alminutodigital.cl/detail.php?id=1728&id_tipo_not=4)
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: Apuesta por la reiserción
A pesar de las grandes diferencias que hay entre los garantistas y los punitivos, todos concuerdan en que esta normativa es mejor que nada y que la verdadera reparación de los adolescentes infractores de ley dependerá no sólo del sistema o de la motivación personal, sino de que la sociedad los acoja y les dé la oportunidad abriéndoles las puertas de las escuelas y del mundo laboral.
Hasta el jueves 7 de junio, si un menor de edad, pero mayor de 16 años cometía cualquier delito, por más grave que éste fuera, su paso por tribunales dependía del trámite de discernimiento.
Y si se determinaba que efectivamente estaba consciente de sus actos, ingresaba a un sistema de reclusión que no contaba con las herramientas para su rehabilitación y reinserción, y terminaba perfeccionando sus conocimientos delictuales.
Justamente ante este escenario es que surgió la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que desde las 00:00 horas de este 8 de junio comenzó a regir en el país.
Tras un largo camino en el Congreso y una postergación producto de la falta de condiciones mínimas para su puesta en marcha, más el reciente paro de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), la ley pasó a convertirse en una realidad que, de acuerdo al propio Gobierno, irá evolucionando durante su aplicación.
Sin embargo, hubo un cambio importante en esta Ley, luego de que el senador UDI, Hernán Larraín presentara una indicación que endurece las penas por delitos graves.
La modificación establece que los adolescentes condenados a penas que superen los 5 años de cárcel deberán ser internados en un régimen cerrado con reinserción social por al menos 2 años, al igual que las reincidencias. Originalmente, la ley daba al juez la posibilidad de aplicar la internación en régimen semi cerrado.
Las reacciones no se hicieron esperar. Egidio Crotti, representante de la Unicef en Chile, llamó la atención sobre el respeto de la Convención de Derechos del Niño que Chile ratificó en 1990.
(informacion extraida de "El Mercurio de Valparaiso")
Hasta el jueves 7 de junio, si un menor de edad, pero mayor de 16 años cometía cualquier delito, por más grave que éste fuera, su paso por tribunales dependía del trámite de discernimiento.
Y si se determinaba que efectivamente estaba consciente de sus actos, ingresaba a un sistema de reclusión que no contaba con las herramientas para su rehabilitación y reinserción, y terminaba perfeccionando sus conocimientos delictuales.
Justamente ante este escenario es que surgió la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que desde las 00:00 horas de este 8 de junio comenzó a regir en el país.
Tras un largo camino en el Congreso y una postergación producto de la falta de condiciones mínimas para su puesta en marcha, más el reciente paro de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), la ley pasó a convertirse en una realidad que, de acuerdo al propio Gobierno, irá evolucionando durante su aplicación.
Sin embargo, hubo un cambio importante en esta Ley, luego de que el senador UDI, Hernán Larraín presentara una indicación que endurece las penas por delitos graves.
La modificación establece que los adolescentes condenados a penas que superen los 5 años de cárcel deberán ser internados en un régimen cerrado con reinserción social por al menos 2 años, al igual que las reincidencias. Originalmente, la ley daba al juez la posibilidad de aplicar la internación en régimen semi cerrado.
Las reacciones no se hicieron esperar. Egidio Crotti, representante de la Unicef en Chile, llamó la atención sobre el respeto de la Convención de Derechos del Niño que Chile ratificó en 1990.
(informacion extraida de "El Mercurio de Valparaiso")
La gran apuesta de esta ley está en los sistemas no privativos de libertad, por lo que se entiende que sólo un mínimo de casos ingresaría a un sistema cerrado. Lo anterior se confirma con un estudio hecho por la Universidad de Chile, que establece que sólo el 8% del total de procesados bajo este sistema ingresará a medidas privativas de libertad. Ahora bien, con la incorporación de la "indicación Larraín", se estima que ese porcentaje aumentaría. Es más, se precisó que durante el segundo semestre el número de jóvenes que ingresaría al sistema cerrado se incrementaría en 290, cuyo costo mensual unitario aproximado por concepto de mantención e implementación de programas es de $500.000.
El último estudio de Fundación Paz Ciudadana arrojó que en el 2005 un total de 20.666 jóvenes entre 14 y 17 años fue aprehendido por las policías, cifra que aumentó a 22.044 en el 2006, es decir, el porcentaje se incrementó en un 7%.
El último estudio de Fundación Paz Ciudadana arrojó que en el 2005 un total de 20.666 jóvenes entre 14 y 17 años fue aprehendido por las policías, cifra que aumentó a 22.044 en el 2006, es decir, el porcentaje se incrementó en un 7%.
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: Pan para hoy, hambre para mañana
Al parecer se vislumbran lugubres los resultados a futuro de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, según los comentarios de la pagina http://www.atinachile.cl/content/view/36843/Ley_de_Responsabilidad_Penal_Juvenil_Pan_para_hoy_hambre_para_ma_ana.html
donde se nos dice que: "la meta de un sistema penal, en particular con los jóvenes, no es llegar y encarcelar a las personas, sino debiese pretender reducir los niveles de violencia futuro, pero lamentablemente nuestro sistema penal no apunta hacia ese norte, pues si tomamos en cuenta que Chile tiene uno de los mayores porcentajes de reos per cápita de Sudamérica. Eso habla, precisamente, que nuestro sistema penal está hecho para encerrar a las personas, mas no a reinsertarlas nuevamente a la sociedad. Ahora esta realidad provocará, particularmente en los jóvenes, con la promulgación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que tempranamente ingresen a verdaderas universidades del delito, y la educación que reciben en estos establecimientos del crimen si que es de calidad. Pues lamentablemente, lo que pretende esta ley es mantener encerrados a estos adolescentes y no hace hincapié en su reinserción. Peor aún, el propio gobierno a dicho que la infraestructura actual, para ejecutar los mandatos de esta nueva ley, tiene una condición de “básica” o “mínima”. Y ante esto hago mi segundo alcance, si todos los parlamentarios tanto de oposición y de gobierno reconocen esta realidad, entonces por que se aprobó una ley que todo el mundo sabe que no se puede implementar".
donde se nos dice que: "la meta de un sistema penal, en particular con los jóvenes, no es llegar y encarcelar a las personas, sino debiese pretender reducir los niveles de violencia futuro, pero lamentablemente nuestro sistema penal no apunta hacia ese norte, pues si tomamos en cuenta que Chile tiene uno de los mayores porcentajes de reos per cápita de Sudamérica. Eso habla, precisamente, que nuestro sistema penal está hecho para encerrar a las personas, mas no a reinsertarlas nuevamente a la sociedad. Ahora esta realidad provocará, particularmente en los jóvenes, con la promulgación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que tempranamente ingresen a verdaderas universidades del delito, y la educación que reciben en estos establecimientos del crimen si que es de calidad. Pues lamentablemente, lo que pretende esta ley es mantener encerrados a estos adolescentes y no hace hincapié en su reinserción. Peor aún, el propio gobierno a dicho que la infraestructura actual, para ejecutar los mandatos de esta nueva ley, tiene una condición de “básica” o “mínima”. Y ante esto hago mi segundo alcance, si todos los parlamentarios tanto de oposición y de gobierno reconocen esta realidad, entonces por que se aprobó una ley que todo el mundo sabe que no se puede implementar".
